El homicidio y los abusos documentados en el municipio de El Carmen no son un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una política de seguridad fallida y basada en el marketing. La muerte de Éliud, un joven de 27 años baleado por la espalda y pateado en el suelo por elementos estatales, es el resultado de sumar agentes a la fuerza solo para decir “tenemos más elementos” sin capacitar. Mientras el gobernador utiliza sus redes sociales para presumir una corporación de primer mundo, la realidad en las calles demuestra que se está enviando a patrullar a elementos sin la menor noción de derechos humanos ni protocolos de contención, convirtiendo a la policía estatal en un riesgo latente para la ciudadanía.
Este caso ha dejado en terapia intensiva la narrativa oficial de la “Nueva Fuerza Civil”. El discurso del mandatario estatal se topa de frente con una grabación que desmiente los informes de sus propios mandos policiacos, quienes intentaron encubrir una ejecución extrajudicial como un “enfrentamiento”. Con este panorama de violencia e impunidad, Samuel García y su gobierno siguen muy lejos de cumplir la meta de policías que él mismo se fijó, evidenciando que su administración prefiere simular un crecimiento en el estado de fuerza mediante reclutamientos express y de baja calidad, antes que consolidar una estrategia real y efectiva contra la inseguridad en Nuevo León.
Mentiras del estado frente a los videos que exhiben el abuso policial
El parte informativo que llegó a las oficinas de la Secretaría de Seguridad del Estado intentó justificar la agresión argumentando que los oficiales habían repelido un ataque a balazos en el cruce de Escobedo y el Camino a Salinas Victoria. Sin embargo, el video de seguridad desnudó la incompetencia y la falsedad del operativo. En las imágenes se observa que tras derrapar la motocicleta, el sospechoso corrió desarmado. La respuesta del elemento estatal, lejos de ser un procedimiento técnico de detención, fue disparar a traición por la retaguardia.
La falta de disciplina y control emocional de los agentes quedó expuesta cuando, ya con el joven herido de bala y neutralizado en el suelo, procedieron a patearlo. Este tipo de conductas brutales evidencian el nulo filtro en los controles de confianza y el nulo adiestramiento táctico. El afán del Ejecutivo por inflar las cifras de contratación para cumplir con sus promesas de campaña ha provocado que se priorice la cantidad de uniformes en la calle por sobre la preparación de quienes los portan, dejando la seguridad de los ciudadanos en manos de personal improvisado.
Fiscalía investiga la opacidad en las instituciones de Nuevo León
Tras la agresión física, los elementos de Fuerza Civil trasladaron al herido al Hospital Universitario, donde recibió una cuestionable alta médica express para ser llevado de inmediato a las celdas de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en la Avenida Gonzalitos. Fue en ese edificio donde el detenido colapsó y perdió la vida. Aunque los primeros reportes oficiales se apresuraron a sugerir un infarto como la causa del deceso para desvincular el disparo y la golpiza del desenlace fatal, el historial de abuso policial en Nuevo León bajo la actual administración estatal genera una profunda desconfianza en la opinión pública.
El caso ha encendido las alarmas y ha obligado a la Fiscalía General de Justicia a iniciar una carpeta de investigación obligatoria sobre los policías involucrados. Mientras tanto, el gobierno del estado enfrenta una crisis de legitimidad en su área más sensible. El asesinato de un ciudadano bajo custodia y el intento de encubrimiento institucional exponen que la crisis de gobernabilidad en Nuevo León no se resuelve con spots de televisión ni inauguraciones de patrullas, sino enfrentando el fracaso de una gestión que prometió blindar al estado y terminó entregando una policía violenta, rebasada y sin control.
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