En las últimas horas, diversas corporaciones federales investigan lavado de dinero en Nuevo León debido a que las auditorías financieras impulsadas por la federación colocaron bajo una rigurosa inspección contable a los despachos jurídicos de los parientes directos del mandatario local. De acuerdo con los expedientes integrados por las células de inteligencia, se sospecha de forma abierta que el jefe del Ejecutivo estatal ha recibido 1,781 millones de pesos de manera indirecta por medio del entramado de consultoría operado por sus familiares consanguíneos. Este millonario flujo de capital reportó una aceleración inédita exactamente treinta días después de que el mandatario asumiera el mando político de la entidad norteña, vinculando directamente los ingresos de la oficina de su familia con corporaciones privadas que hoy enfrentan severos procesos penales en el fuero federal por operaciones irregulares.
FGR busca depósitos en el mercado negro de combustibles
La escala de la fiscalización penal e institucional ha tomado dimensiones históricas en el noreste del país. Actualmente, la FGR busca depósitos operados por más de 555 razones sociales ligadas al mercado negro de combustibles, bajo una línea de investigación estratégica coordinada desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La gravedad de la situación cobró relevancia tras la divulgación de un reporte emitido por el FinCEN del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el cual vincula el huachicol fiscal con los cárteles de la droga, identificando a la capital de Nuevo León como un territorio clave donde la delincuencia organizada ejerce una fuerte injerencia.
Ante este escenario de multiplicación de firmas bajo sospecha, la bancada de Morena en el Congreso local formalizó una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito en contra del gobernador y su familia, promoviendo un movimiento político para removerlo de su cargo, mientras las autoridades de inteligencia investigan lavado de dinero en Nuevo León para esclarecer el destino de los fondos del sector energético.
Petrolíferos Lobo; Una de las piezas en la red del huachicoleo
Dentro de las investigaciones de la fiscalía, esta entidad corporativa se consolidó como el cliente más lucrativo para el bufete de los familiares del mandatario estatal. Los registros fiscales demuestran que la compañía efectuó un total de 76 transacciones comerciales diferentes que sumaron un depósito superior a los 258 millones de pesos, realizándose la gran mayoría de estas transferencias después de noviembre de 2021, fecha en que el actual gobernador ya se encontraba instalado en el poder. Aunque públicamente la firma se presentaba como una comercializadora de productos de la empresa estadounidense Valero con conexiones al Grupo Burgos de Reynosa, las autoridades federales investigan el uso fraudulento de pedimentos aduanales. Sus operadores reales se encuentran vinculados con exdirectivos de Pemex que formaban parte de redes de tráfico de influencias de alto nivel.
Papá de Samuel cobró por presuntas “asesorías” al rescate del IVA
El auge financiero de esta lucrativa estructura legal no fue un suceso fortuito, sino el resultado de explotar lagunas jurídicas en el manejo impositivo de los combustibles. Durante un largo periodo, el papá de Samuel cobró por asesorías especiales orientadas de forma estricta al rescate del IVA para diversas estaciones de servicio de gasolina. Este exitoso modelo económico impulsó a los fundadores de la organización familiar, Samuel García Mascorro y su hijo Samuel Orlando, a constituir en noviembre de 2021 una firma alternativa bajo la razón social de García Mascorro y Asociados (GMA) en el piso 33 de la Torre Helicon, enfocada de manera exclusiva en atender a clientes del sector energético.
Los reportes financieros detallan que GMA declaró ingresos nominales por 144 millones de pesos en el año 2024 y de 161 millones de pesos durante el ejercicio de 2025. No obstante, al auditar la red completa de despachos de la familia, incluyendo a Firma Jurídica y Fiscal Abogados —compañía en la cual el mandatario estatal figura formalmente como socio activo—, la bolsa acumulada de ingresos totales durante la presente administración alcanza los 1,781 millones de pesos. La oposición en el poder legislativo afirma que las ganancias energéticas de GMA representan el 26 por ciento de los recursos globales de la red familiar, en los momentos en que diversas agencias federales investigan lavado en Nuevo León en torno al ramo energético.
BSQ Global Corporation y su relación con Samuel García
Ubicada en la Torre Comercial América, esta firma es señalada por las agencias de inteligencia como uno de los actores más grandes del mercado negro de hidrocarburos. BSQ Global Corporation aportó un total de 6.8 millones de pesos al despacho de la familia del gobernador entre los años 2022 y 2024. Actualmente, las autoridades federales mantienen abierto el folio 13173 en su contra por delincuencia organizada, falsificación de facturas y evasión fiscal. Las indagatorias apuntan a que la compañía gozaba de protección por parte de altos exfuncionarios y exdelegados de la fiscalía, estando asociada en el mismo expediente con vehículos financieros utilizados por células delictivas dedicadas a operar el lavado de dinero en San Pedro de forma clandestina.
Autotransporte de Cargas Especializados MARVIC
Esta compañía de transportes posee nexos verificables con el despacho de la familia gubernamental, registrando operaciones comerciales desde febrero de 2022 mediante facturas que, aunque simbólicas por montos de 69,900 pesos, representan un alto riesgo político. Su propietario, José Víctor Pablos Vélez, alias “El Güero MARVIC”, es investigado formalmente desde 2021 por encabezar redes de tráfico de refinados. La empresa de combustibles quedó expuesta tras la explosión de una planta destiladora de diésel en Cadereyta y el decomiso histórico de 550 vagones tanque cargados con hidrocarburo ilegal. Además, se le vincula directamente con operaciones de introducción clandestina de millones de litros de combustible a través de buques incautados en el puerto de Tampico, consolidando lo que las autoridades describen como el contrabando de combustible a México a gran escala.
Maquiladora de Lubricantes transfirió dinero al despacho de Samuel García
El flanco más delicado de la investigación penal involucra de manera directa los comprobantes fiscales digitales emitidos hacia firmas bajo proceso judicial. Los expedientes confirman que la empresa transfirió dinero de forma periódica hacia las cuentas de los litigantes familiares en San Pedro Garza García. Se trata de Maquiladora de Lubricantes, corporación vinculada con la red de “Los Petrofactureros“, la cual pagó más de 15 millones de pesos por supuestos servicios de consultoría fiscal. La primera factura por concepto de honorarios profesionales fue emitida el 24 de noviembre de 2021, solo unas semanas después de la alternancia gubernamental y cuando la fiscalía federal ya sumaba cuatro meses investigando a dicha firma por transacciones irregulares de refinados.
Esta compañía de lubricantes fue el blanco principal de cuatro cateos simultáneos que derivaron en la captura de su propietario, Jesús Ricardo Puente. El empresario es acusado por las fiscalías federales de liderar una red delictiva que utilizaba 40 empresas fachada con el único propósito de simular actividades comerciales, logísticas y energéticas en la región norte.
Postura oficial del Gobierno de Nuevo León
Ante el severo impacto mediático del caso, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado emitió un comunicado de prensa afirmando que el mandatario no posee participación accionaria ni comercial dentro de la firma García Mascorro y Asociados (GMA). El argumento de la administración estatal es que un bufete externo brinda servicios profesionales legítimos y no tiene responsabilidad sobre la conducta moral o legal de las empresas que los contratan de buena fe, enfatizando que sus parientes siempre actúan con honestidad y profesionalismo. No obstante, el escenario se complejiza ante el embate judicial coordinado desde el centro del país, donde los tribunales federales resolverán el nivel de implicación del entorno gubernamental.
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