Mientras el estado de Nuevo León colapsa bajo el peso de crisis sistémicas en transporte, seguridad e infraestructura, el dinero de los ciudadanos se mueve con una velocidad insólita, casi quirúrgica, pero no para beneficio público. Una serie de revelaciones financieras ha encendido la indignación social al demostrar cómo millones de pesos del erario son transferidos desde la Tesorería estatal hasta el patrimonio privado del gobernador Samuel García Sepúlveda. Lo verdaderamente alarmante y ofensivo no es solo el desvío en sí, sino el descaro del tiempo de ejecución: las triangulaciones bancarias se consuman en un insultante lapso de apenas dos horas.
A pesar de las constantes y airadas evasivas del Mandatario estatal, quien insiste en que su firma jurídica particular jamás ha recibido un solo centavo de contratistas o de las arcas públicas, las copias de los estados de cuenta bancarios desmienten por completo su discurso oficial. La documentación financiera es inapelable y expone una alarmante realidad: el dinero de los neoleoneses tarda menos tiempo en llegar a las cuentas personales de la familia García que lo que un ciudadano promedio pasa atrapado diariamente en el tráfico de la zona metropolitana de Monterrey.
La impunidad de un circuito financiero automatizado
Este mecanismo de desvío exprés opera mediante un diseño corporativo meticulosamente coordinado. El esquema tiene como eje central a la empresa Suministro MYR, un contratista gubernamental clave que posee el monopolio del servicio de alimentos en penales y cuerpos policiacos, y que ha facturado la estratosférica cifra de más de mil 400 millones de pesos a la administración emecista.
El dinero público sigue una ruta que parece automatizada para burlar la transparencia: la Tesorería de Nuevo León deposita sumas millonarias a MYR; casi de inmediato, esta compañía envía una porción sustancial de los fondos a su empresa filial, Proveedora de Productos Mexicanos Jace. El último eslabón del fraude se concreta cuando Jace deposita el capital final en las cuentas de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho privado propiedad directa del Gobernador y de su padre. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bajo investigación este modus operandi, el cual se mantuvo activo de forma regular al menos entre 2021 y 2023.
La cronología del descaro: El dinero vuela en minutos
La frialdad de los horarios registrados en las transferencias bancarias expone el nivel de urgencia y desfachatez con la que se ha manejado el presupuesto del estado:
- El debut exprés (19 de noviembre de 2021): Con apenas mes y medio en el cargo, la maquinaria ya operaba a máxima velocidad. A las 12:01 horas, la Tesorería depositó 22.2 millones de pesos a MYR. En un parpadeo, la proveedora desvió 10 millones a Jace. A las 14:19 horas —exactamente 2 horas y 18 minutos después de haber salido del erario—, Jace depositó 8.5 millones de pesos en la cuenta del despacho del Gobernador en Inbursa.
- El aguinaldo privado (30 de diciembre de 2022): Mientras el estado cerraba el año con múltiples deficiencias, las cuentas del Mandatario se llenaban en tiempo récord. A las 13:42 horas, el Estado pagó 33.8 millones a MYR. La intermediaria movió el dinero a Jace, y esta última transfirió 10 millones de pesos directos al despacho de García a las 16:52 horas. Un ciclo completo de impunidad ejecutado en solo 3 horas y 10 minutos.
- La rutina del desvío (6 de octubre de 2023): La Tesorería liberó un pago de 26.6 millones de pesos a MYR. Tras pasar por el filtro de Jace, la firma del Gobernador recibió un beneficio neto de 8 millones de pesos en un intervalo de 3 horas y 44 minutos.
A estos casos se suma un movimiento en junio de 2023 por 8 millones de pesos adicionales bajo la misma triangulación, demostrando que el presupuesto estatal se ha utilizado de forma sistemática como una caja chica de disponibilidad inmediata para el entorno presidencial local.
Millones del erario para financiar la vanidad digital de Samuel y Mariana
La indignación en torno al caso escala al analizar el destino de estos fondos triangulados. Las investigaciones revelan que el despacho legal de Samuel García ha dispersado un total de 81.6 millones de pesos, la mayor parte concentrada en un periodo de 16 meses, con el único objetivo de inundar las redes sociales, Google y YouTube con campañas publicitarias destinadas a ensalzar la imagen del Mandatario.
Para lograrlo, utilizaron a la empresa Nauka Comunicación Estratégica, firma que, para cerrar el círculo de complicidades, también opera como proveedora contratada por el propio gobierno del estado. Las autoridades federales apuntan a que Nauka es una pieza clave en este engranaje financiero diseñado para el retorno de capitales con fines de promoción política personal.
Sofisticación del fraude y reclamo nacional
La complacencia y la falta de rendición de cuentas han escalado. Para el año 2024, el Gobierno de Nuevo León mutó sus estrategias hacia un esquema de triangulación aún más complejo y opaco. La FGR investiga actualmente el uso de empresas procesadoras de pagos electrónicos (fintechs) empleadas deliberadamente para fragmentar las transacciones y entorpecer el rastreo de los auditores, además del uso de una compañía fachada en Texas vinculada a familiares directos del Secretario General de Gobierno, Miguel Flores.
Ante la gravedad de los hallazgos, el comportamiento de Samuel García ha optado por el desdén y la desconexión. Viajando por Europa, el Gobernador se limitó a publicar videos en sus redes sociales negando las anomalías de manera superficial, sin aportar una sola prueba, balance contable o estado financiero que desmienta la coincidencia matemática y temporal de los depósitos.
La alarmante velocidad de estas transferencias en un Nuevo León colapsado ha provocado que el caso sacuda la política nacional. La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, rompió el silencio en su conferencia de prensa matutina para exigir formalmente una investigación profunda sobre estos presuntos desvíos de recursos públicos, dejando en claro que la federación no pasará por alto un esquema de corrupción donde el dinero de los ciudadanos vuela en un par de horas hacia los bolsillos del poder Ejecutivo.
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