Un nuevo informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló preocupantes irregularidades en el uso de fondos públicos de Nuevo León. La revisión de la Cuenta Pública 2024 identificó anomalías por 25.6 millones de pesos, destinados originalmente a proyectos educativos y programas de asistencia social, que no fueron justificados correctamente por la administración estatal.
Falta de control en fondos públicos de Nuevo León
El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) es uno de los instrumentos más importantes para fortalecer la infraestructura educativa y social. Sin embargo, el gobierno de Nuevo León no pudo acreditar el uso de 24.7 millones de pesos y, además, entregó 218 mil 900 pesos a beneficiarios que ya habían fallecido. Estas prácticas reflejan una grave falta de actualización en los padrones y un deficiente control interno que compromete la confianza ciudadana.
Irregularidades en contrataciones educativas
Otra área señalada por la ASF fue el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, donde se realizaron pagos por 678 mil 600 pesos a seis trabajadores sin el perfil académico requerido. Esta situación no solo representa un uso ineficiente de los recursos, sino que también afecta la calidad de los servicios educativos ofrecidos a estudiantes y adultos en formación.
Estado con historial cuestionable
Nuevo León figura entre los estados con mayor número de irregularidades detectadas, solo detrás de Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Morelos. Este lugar en el ranking nacional subraya la urgencia de mejorar los procesos de supervisión y la rendición de cuentas en la entidad.
Los expertos advierten que estos problemas pueden limitar futuras inversiones federales y dañar la imagen del estado ante la población y el resto del país. La percepción de mal manejo de fondos públicos alimenta el descontento social y la exigencia de acciones firmes.
Exigen aclaraciones a Samuel García
Como respuesta, la ASF ha solicitado aclaraciones al gobierno estatal y la devolución de los recursos no comprobados. Se plantea la necesidad de capacitar al personal, actualizar los padrones y fortalecer las auditorías internas para evitar que estas situaciones se repitan.
La ciudadanía demanda un compromiso real con la transparencia y el correcto uso del dinero público, especialmente cuando se trata de fondos destinados a sectores prioritarios como la educación y la asistencia social.
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