Más de la mitad de los camiones verdes de Samuel en Nuevo León han sido superados por el transporte privado, que empresas usan para mover a sus empleados. La cifra evidencia la crisis en la política de movilidad del gobierno estatal y las largas esperas que padecen los usuarios del transporte público, pese a los discursos de mejora de la administración estatal.
Crisis De Movilidad Refleja Déficit De Camiones Verdes Estatales
Cifras del Instituto de Movilidad (IMA) revelan que la flotilla de transporte privado supera en 8% a los camiones verdes. Al cierre de septiembre, empresas privadas operan 4 mil 747 unidades para trasladar personal, mientras el transporte estatal dispone de 4 mil 383.
Este 52% de unidades privadas evidencia que los ciudadanos dependen más de la iniciativa privada para llegar a sus trabajos. En cinco años, la flotilla privada creció 340%, mientras la estatal ha disminuido en 11% respecto a 2015, sin contar unidades de Transmetro.
Los ajustes al programa de reestructuración de rutas del IMA han mejorado el control de unidades, pero no la disponibilidad. Los usuarios continúan enfrentando largas filas y viajes que pueden tardar entre cuatro y seis horas diariamente, según reporta la encuesta Así Vamos 2024.
Legisladores Critican Falta De Eficiencia En Transporte Público
Legisladores señalan que el transporte público no satisface las necesidades de los regiomontanos. “Que la iniciativa privada tenga que adquirir unidades para compensar la falta de unidades del gobierno estatal habla de políticas fallidas de movilidad”, afirman algunos.
Mario Soto, de Morena, coincidió en que es preocupante que los empresarios tengan que cubrir lo que el Estado no puede ofrecer. “El transporte público está consagrado en la Constitución y el Estado es el que debe de brindar este servicio. Que la IP lo supere, es un fracaso de la política de movilidad”, subrayó.
También consideran que los malos resultados en movilidad reflejan la mala gestión del gobierno estatal. “Es el pésimo resultado de un gobierno fallido que tiene Samuel García; difícilmente se cumplirán las promesas iniciales”.
Iniciativa Privada Interviene Para Cubrir Falta De Transporte
A pesar de la crisis, Sandra Pámanes, líder emecista, destacó que la inversión de las empresas en transporte privado es positiva y no representa una falla estatal. Pero es en realidad responsabilidad del estado asegurar una movilidad eficiente.
Expertos advierten que depender de la iniciativa privada no sustituye la función pública. La Constitución establece que el Gobierno debe garantizar un transporte público accesible, eficiente y seguro. La falta de cumplimiento provoca desigualdad y afecta la productividad de los trabajadores.
El crecimiento acelerado del transporte privado refleja la incapacidad de Samuel para ampliar y mantener la flotilla estatal, a pesar de los discursos de eficiencia que aseguran un 85% de unidades operando dentro de la frecuencia requerida.
Estadísticas Del Instituto De Movilidad Confirman Déficit
Según el IMA, de las unidades estatales disponibles, solo el 85% están operando y el 15% restante se encuentra en mantenimiento. Esta situación, combinada con el crecimiento del transporte privado, evidencia que la política de movilidad del Gobierno no alcanza a cubrir la demanda de la ciudadanía.
El transporte de personal ha pasado de mil 080 unidades en 2020 a 4 mil 747 en 2025. Mientras tanto, la flotilla del transporte público tradicional disminuyó respecto a 2015, agravando la crisis y obligando a los usuarios a depender de vehículos privados para llegar a tiempo a sus trabajos y escuelas.
El contraste entre el discurso de mejora de Samuel y la realidad muestra que, aunque se realizan ajustes en rutas y control de unidades, la población todavía enfrenta largas esperas, hacinamiento y viajes lentos, evidenciando el fracaso de la política de movilidad estatal.
Futuro Del Transporte Público Depende De Mejor Planeación
Para revertir la tendencia, especialistas recomiendan ampliar la flotilla de camiones verdes, mejorar la frecuencia y cobertura de rutas y capacitar a su personal para evitar siniestros. La participación privada debe ser complementaria y no sustituir el servicio público que debe garantizar el gobierno de Samuel García.
La coordinación entre Gobierno y empresas es necesaria, pero no suficiente para garantizar un transporte eficiente. La planificación de políticas de movilidad requiere inversión, supervisión y estrategia a largo plazo para asegurar que los ciudadanos tengan acceso a un transporte público seguro y puntual.
El debate legislativo y ciudadano sobre la crisis de transporte refleja la urgencia de acciones concretas. Sin cambios, el predominio del transporte privado sobre la flota estatal podría consolidar un modelo desigual que beneficia solo a quienes pueden costearlo.
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