La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León inició una investigación por presuntas irregularidades en adquisiciones de alimentos básicos, donde reportes oficiales señalan compras de chayote en 300 pesos por kilogramo. Ante las dudas sobre por qué investigan a Mariana Rodríguez por chayotes y los señalamientos sobre presunta corrupción en DIF, las autoridades analizan la triangulación con recursos y alimentos como los chayotes caros en DIF NL tras declaraciones de Alejandro Reynoso Gil y señalamientos a la administración de Samuel García.
Denuncias penales y plazos por el chayote en 300 pesos
Según informó el auditor Alejandro Reynoso Gil ante diputados locales, el órgano fiscalizador cuenta con un plazo máximo de dos semanas para presentar formalmente las denuncias penales correspondientes. Este proceso deriva de los hallazgos en el DIF Nuevo León y la oficina Amar a Nuevo León, donde las facturas registraron precios exagerados como un costo de 300 pesos por kilo de chayote, frente a los 18 pesos del mercado local.
Además, el ente auditor integró la adquisición del chayote en 300 pesos dentro de un paquete general de observaciones estatales. Dicho paquete suma 1,793.9 millones de pesos distribuidos en 786 depósitos que actualmente permanecen bajo revisión técnica.

Detalles financieros bajo revisión en las dependencias estatales
De acuerdo con los datos expuestos en el informe técnico y reportes periodísticos, el esquema analizado incluye transferencias entre proveedores y empresas filiales. Las autoridades revisan facturas de productos básicos, como el aguacate adquirido a 250 pesos el kilo, el tomate a $200 y la cebolla a $180 además de pagos millonarios a despachos jurídicos y contratos de obra pública en centros asistenciales.

Postura oficial y proceso legal ante el chayote en 300 pesos
Frente a las observaciones emitidas por el órgano fiscalizador, representantes del partido Movimiento Ciudadano y del gobierno estatal han rechazado las acusaciones. La coordinadora legislativa Sandra Pámanes calificó el proceso como una acción con fines políticos contra la administración sin explicar el caso o proponer pruebas que contradigan las acusaciones de triangulación.
Mientras tanto, las dependencias estatales mantienen el derecho de presentar pruebas documentales para solventar los señalamientos sobre la compra del chayote en 300 pesos y el resto de las irregularidades observadas. El desarrollo de las denuncias anunciadas determinará las acciones legales que seguirán las instituciones encargadas de la procuración de justicia en la entidad.
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