- Trabajos Reactivados Sin Restauración Comprometida
- Autorizaciones Que Llegan Después Del Daño
- Zonas Desmontadas Permanecen Abandonadas
- Falta De Transparencia Y Prioridad A Obras Grises
El regreso de maquinaria pesada al cauce del Río Santa Catarina para continuar obras del gobierno estatal volvió a exhibir la contradicción entre el discurso oficial de protección ecológica y las acciones que siguen provocando daño ambiental. La hipocresía de Samuel García, la Área Natural Protegida del Río Santa Catarina y la falta de reforestación pendiente están de nuevo en el centro del debate público, sobre todo porque el propio mandatario prometió garantizar la conservación del ecosistema, pero hoy permite desmontes sin restauración previa.
Trabajos Reactivados Sin Restauración Comprometida
A pesar de que el gobernador anunció meses atrás que el Río Santa Catarina sería protegido como un espacio clave para el equilibrio ecológico metropolitano, la realidad en el terreno muestra algo muy distinto. El Estado reinició las obras de construcción de dos puentes peatonales, autorizados recientemente por la Semarnat, justo en los mismos puntos donde se realizaron desmontes previos sin mitigación ni reforestación.
A la altura de la Avenida Morones Prieto, los trabajos volvieron con maquinaria pesada, polvo y retiro adicional de vegetación, incluso cuando la zona había sido señalada por colectivos ambientales por presentar daños acumulados. Ahí se instalará el puente que conectará con la Torre Rise, en la zona del Obispado.
En otro punto del cauce, frente al edificio en construcción de Fuerza Civil, se observan varillas, estructuras y castillos ya prearmados, demostrado que el avance no solo continuó, sino que se intensifica antes de que exista una restauración ambiental genuina. Ambos puntos fueron desmontados antes de que el gobierno estatal obtuviera la Manifestación de Impacto Ambiental, lo que para colectivos ambientales confirma que el daño ocurrió sin la autorización correspondiente.
Una Promesa Ambiental Incumplida
El 6 de octubre, el colectivo “Un Río en el Río” denunció los desmontes realizados junto a Morones Prieto y Raúl Calderón. Tras la denuncia, los trabajos se detuvieron de manera temporal y la maquinaria fue retirada. Sin embargo, el repliegue duró poco.
El 5 de diciembre, la misma organización exigió al Estado que cumpliera su propia declaratoria para convertir el Río Santa Catarina en Área Natural Protegida, una promesa que Samuel García presumió en junio, pero que no se ha concretado jurídicamente. El colectivo señaló que no existe transparencia, avances técnicos, restauración ecológica o un plan visible que respalde las palabras del mandatario.
El contraste entre el discurso oficial y los hechos en el terreno ha generado molestia y preocupación. La ciudadanía organizada recuerda que proteger un río no significa solo emitir un comunicado o sembrar unos cuantos árboles para la foto; implica garantizar que cada intervención cuente con estudios, permisos y restauración adecuada, algo que no está ocurriendo.
Autorizaciones Que Llegan Después Del Daño
La Semarnat autorizó recientemente la construcción de los dos puentes, pero esto llegó después de que ya hubiera desmontes visibles y documentados. Este desfase burocrático evidencia que el gobierno estatal actuó antes de tiempo, en un proceso de hechos consumados.
El denominado Puente Obispado fue asignado por 449.7 millones de pesos a dos constructoras. Su diseño plantea conectar Constitución con Morones Prieto por la zona de Doctor Calderón. El proyecto no solo es costoso; también implica intervenir nuevamente un ecosistema frágil.
Mientras, el Puente ISSSTE, con un costo de 449.9 millones de pesos, estará a cargo de otras dos empresas y se ubicará cerca del nuevo edificio de Fuerza Civil. Ambos proyectos se ejecutarán en zonas donde hubo desmontes previos, y donde hasta hoy no se ha iniciado ninguna remediación ambiental, a pesar de las advertencias.
Zonas Desmontadas Permanecen Abandonadas
Uno de los puntos más críticos es que los desmontes previos no han sido atendidos. En las áreas junto a Morones Prieto, tanto a la altura de Doctor Raúl Calderón como de Loma Larga, se observan árboles tirados, suelos expuestos y ningún indicio de reforestación. Estos escenarios contradicen directamente la narrativa oficial de protección ambiental.
Según Un Río en el Río, han pasado más de cuatro meses desde que el gobernador firmó el compromiso para declarar el cauce como Área Natural Protegida, pero no existe un decreto firme por parte de la Secretaría de Medio Ambiente estatal. Mientras tanto, se siguen realizando intervenciones que alteran la dinámica natural del río.
A inicios de octubre, el colectivo detectó el desmonte a la altura de Doctor Calderón, y un día después se encontró otra zona de afectación de aproximadamente 60 metros cuadrados en Morones Prieto y Loma Larga. Ambos daños están en el tramo entre Gonzalitos y Venustiano Carranza, un sector particularmente sensible por su función de contención hidráulica.
Falta De Transparencia Y Prioridad A Obras Grises
Las organizaciones ciudadanas insisten en que cualquier obra dentro del cauce federal debe contar con una autorización de impacto ambiental y, si es necesario, un cambio de uso de suelo en terrenos forestales. La Semarnat lo confirma. No obstante, el gobierno estatal ejecutó acciones previas sin tener estas autorizaciones.
La principal crítica va dirigida al modelo de infraestructura que impulsa este gobierno: grandes obras grises que priorizan movilidad urbana, estética o conectividad, pero que no consideran el equilibrio ecológico del río. Los activistas señalan que se trata de una visión reducida, que pierde de vista que el Río Santa Catarina es un ecosistema vivo y no un lote para proyectos urbanos.
Restaurar la vegetación nativa es indispensable, pero el Estado ha mostrado desinterés en hacerlo. La reforestación pendiente es uno de los puntos más graves, pues los árboles derribados no han sido reemplazados y las zonas dañadas permanecen degradadas.
Un Discurso Verde Que Solo Es Propaganda
La crítica más fuerte hacia Samuel García es la evidente contradicción entre lo que dice y lo que hace. El gobernador ha buscado posicionarse como un político “verde”, defensor de causas ambientales y promotor de políticas sustentables, pero los eventos en el Río Santa Catarina revelan otro comportamiento: permitir desmontes, ignorar denuncias y avanzar obras sin restauración.
El discurso oficial afirma que el río será protegido, pero los hechos muestran maquinaria destruyendo vegetación, permisos que llegan tarde, falta de remediación y ausencia de un plan ecológico. Para colectivos ambientales, esto no es una omisión: es una estrategia política que utiliza la bandera ambiental para ganar aprobación, mientras se priorizan proyectos urbanos de alto presupuesto.
La Exigencia Ciudadana Continúa
Organizaciones, activistas y especialistas sostienen que la seguridad de la ciudad depende del manejo integral del río, que debe priorizar la restauración y el respeto a su dinámica natural. Los desmontes incrementan riesgos de erosión, pérdida de hábitat y posibles afectaciones futuras ante fenómenos hidrometeorológicos.
Por ello, exigen al gobierno estatal que detenga las obras hasta que haya un plan claro, que cumpla sus propios compromisos y que transparente todo el proceso de declaratoria como Área Natural Protegida.
Mientras la administración estatal sigue avanzando con maquinaria pesada y anuncios de infraestructura, las preguntas quedan abiertas:
¿Para qué se declara un río protegido si se sigue destruyendo?
¿Dónde queda la responsabilidad ambiental?
¿Quién responde por la falta de reforestación?
Lo cierto es que la incongruencia entre discurso y acción continúa minando la credibilidad del gobierno y dejando un impacto irreversible en uno de los ecosistemas más importantes de la zona metropolitana.
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