- Nombramiento De Ethel Maldonado Genera Acusaciones De Ilegalidad
- Reacciones De Diputados Ante La Designación De Maldonado
- Señalamientos Contra Samuel García Por Sus Declaraciones
- El Contexto Tras La Renuncia De Roberto Rodríguez
- Riesgo De Fractura Política Y Consecuencias Para Nuevo León
- Un Debate Que Podría Marcar La Agenda Legislativa
El Congreso local encendió las alertas tras el nombramiento de Ethel Maldonado como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). Legisladores acusaron que se trató de un “agandalle” ilegal avalado por el Gobierno estatal y advirtieron que esta decisión pone en riesgo el diálogo político con el gobernador Samuel García. El tema se suma a recientes declaraciones del Mandatario contra ex ministros de la Corte, lo que, según opositores, amenaza la convivencia política en Nuevo León.
Nombramiento De Ethel Maldonado Genera Acusaciones De Ilegalidad
Señalaron que la designación de Ethel Maldonado como presidenta de la Sala Superior del TJA fue un movimiento fuera de la ley. Esto, porque la magistrada ya había ocupado ese cargo en el periodo inmediato anterior, lo que la haría inelegible.
De la Fuente acusó que el Gobierno estatal avaló el nombramiento al publicarlo de manera extraordinaria en el Periódico Oficial. Para el legislador, esta acción demuestra la participación directa del Ejecutivo en un proceso que debería ser autónomo.
Advierten que la decisión puede generar una nueva fractura en el diálogo con el Gobernador. “Pareciera que todo lo que hemos construido en meses lo quiere echar a la borda”, declaran. Además, subrayan que el “agandalle” pone en riesgo las negociaciones políticas que estaban en curso en el Congreso.

Reacciones De Diputados Ante La Designación De Maldonado
El morenista Mario Soto calificó el movimiento como un acto “delicado” y señaló que refleja un “madruguete” del Legislativo, lo que mina la confianza en las instituciones.
Por su parte, Perla Villarreal, del PRD, coincidió en que el nombramiento irregular refuerza la percepción de que en el Estado prevalece la política de la imposición por encima del consenso.
En contraste, Sandra Pámanes, coordinadora de Movimiento Ciudadano, defendió la designación de Ethel Maldonado. Según dijo, su nombramiento responde a un acto de autonomía interna del Tribunal y no a una imposición del Ejecutivo.
Estas posturas reflejan una división clara entre las bancadas opositoras y el grupo afín al Gobernador. Mientras unos ven un riesgo de fractura política, otros buscan legitimar el procedimiento bajo el argumento de independencia judicial.
Señalamientos Contra Samuel García Por Sus Declaraciones
El ambiente político se tensó aún más por las declaraciones del Gobernador Samuel García, quien acusó a ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de haber frenado sus aspiraciones presidenciales en 2023.
Consideran que dichos señalamientos representan un riesgo para la “sana convivencia” política. “Las declaraciones del Gobernador, a quien le podemos poner árnica o cualquier desinflamatorio, pueden poner en riesgo el diálogo entre los grupos legislativos”, advirtió con ironía.
Insisten que el Gobernador debe asumir responsabilidad por el clima de confrontación que se vive en Nuevo León y llamó a retomar un trato institucional para evitar nuevas rupturas. Estas expresiones muestran la tensión acumulada entre el Congreso y el Ejecutivo en los últimos meses.
El Contexto Tras La Renuncia De Roberto Rodríguez
El escenario se configuró después de la renuncia de Roberto Rodríguez a la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa. Fue entonces cuando Ethel Maldonado se autonombró presidenta de la Sala Superior.
La publicación de su designación en el Periódico Oficial confirmó que el Ejecutivo avaló la decisión, lo que fortaleció las críticas de la oposición. Según legisladores, el procedimiento fue apresurado y careció de la legalidad necesaria, ya que la magistrada no podía repetir de forma consecutiva en el cargo.
Este movimiento, sumado a las tensiones acumuladas entre el Congreso y el Ejecutivo, ha provocado que la relación política se sitúe en un punto crítico. Para varios diputados, la decisión refleja un patrón de imposiciones que amenaza con romper los acuerdos alcanzados en meses recientes.
Además, el hecho de que la publicación se haya realizado de manera extraordinaria en el Periódico Oficial alimentó sospechas de que el Ejecutivo actuó de forma intencional para asegurar el nombramiento, dejando en segundo plano la legalidad del proceso.
Riesgo De Fractura Política Y Consecuencias Para Nuevo León
El caso de Ethel Maldonado trasciende lo jurídico y se ha convertido en un símbolo de la disputa política en Nuevo León. Legisladores advirtieron que, de continuar con estas prácticas, el Gobierno estatal podría enfrentar un aislamiento legislativo.
La posible fractura en el Congreso no solo complicaría la aprobación de leyes, sino que también pondría en riesgo la estabilidad política en la entidad. La oposición considera que el Gobernador ha debilitado el diálogo y priorizado una estrategia de confrontación, lo que podría derivar en bloqueos institucionales.
Para Movimiento Ciudadano, sin embargo, la defensa del nombramiento busca transmitir una imagen de independencia de los órganos judiciales. No obstante, la percepción pública se inclina hacia un escenario de imposición avalado desde el Ejecutivo.
La incertidumbre sobre el rumbo que tomará esta disputa mantiene en vilo a la clase política y a la ciudadanía. La definición de Maldonado como presidenta del TJA es, en la práctica, un reflejo de la pugna más amplia por el control de instituciones clave en Nuevo León.
Un Debate Que Podría Marcar La Agenda Legislativa
La controversia por el nombramiento de Ethel Maldonado podría convertirse en un tema recurrente en la agenda legislativa de los próximos meses. El Congreso tendrá que definir si impulsa acciones legales o políticas para contrarrestar lo que consideran un “agandalle”.
De igual forma, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se verá sometida a una prueba mayor. Si la fractura se confirma, la gobernabilidad en Nuevo León podría verse comprometida en temas tan sensibles como seguridad, presupuesto y reformas estructurales.
Por lo pronto, el episodio refuerza la percepción de un choque constante entre Samuel García y el Congreso. El desenlace de este conflicto marcará la pauta sobre la capacidad de diálogo y negociación en el estado.
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