El presupuesto de La Pastora en 2025 alcanzó 947 millones de pesos, pero los recursos no se reflejaron en el bienestar de los animales. El caso de la osa Mina destapó denuncias de maltrato animal y posibles actos de corrupción en el Parque Fundidora, dependiente del gobierno estatal.
Presupuesto De La Pastora Sin Resultados En El Bienestar Animal
A pesar del millonario presupuesto de La Pastora, las condiciones del zoológico muestran abandono y descuido. Activistas y ciudadanos aseguran que los recursos nunca se destinaron a mejorar los hábitats ni a garantizar atención médica adecuada para los ejemplares.
El caso de la osa Mina expuso la falta de control y transparencia. Enferma y desnutrida, Mina fue hallada en pésimo estado dentro del zoológico. Este hecho evidenció la negligencia con la que opera el Parque Fundidora, administrado por Samuel García y Bernardo Bichara.
La activista Claudia Tapia denunció que, mientras los animales enferman y mueren, las autoridades estatales no rinden cuentas. Además, señaló que el parque obtiene ingresos adicionales por eventos masivos como el Pal Norte, sin que ese dinero se use en el cuidado de los animales de La Pastora.
Osa Mina, Símbolo De Las Denuncias De Maltrato Animal
La osa Mina se enfermó dentro de La Pastora, donde permaneció sin atención médica adecuada. De acuerdo con los reportes, Mariana Rodríguez conocía su situación meses antes de que se hiciera pública, pero no intervino para ayudarla.
Ahora, Mina se recupera en la Fundación Invictus, gracias al apoyo ciudadano. Está siendo alimentada, nebulizada y tratada con electrolitos. Los veterinarios informaron que su piel ya muestra mejoría, puede respirar mejor y ha recuperado parcialmente la vista y el oído.
Conoce el presupuesto millonario de @parquefundidora ejercido a modo 🐀. Ese que nunca benefició a Mina 🐻 y a cientos de animales para que al menos tuvieran un hábitat digno y fueran alimentados y cuidados correctamente. Aquí lo q con ética y amor se ha conseguido para 🐻. pic.twitter.com/AfCXsR4jgf
— Claudia Tapia Castelo (@ctcastelo) October 22, 2025
Falta De Compromiso Del Gobierno Con La Vida Animal
El caso de la osa Mina se ha convertido en un símbolo del abandono institucional por parte del gobierno de Samuel, el presupuesto de La Pastora continúa sin rendir frutos visibles.
Las organizaciones animalistas exigen una auditoría para investigar el destino del dinero y una revisión completa de las condiciones del zoológico. Hasta ahora, el gobierno estatal no ha emitido declaraciones sobre las denuncias de maltrato animal.
Lo que comenzó con un video compartido en redes sociales terminó exponiendo omisiones graves, disputas entre niveles de gobierno y una creciente desconfianza ciudadana hacia la gestión del gobierno estatal. Detrás del escándalo mediático, lo que verdaderamente estalló fue una serie de denuncias de maltrato animal que evidencian años de abandono estatal.
La Historia Que Sacudió A La Pastora
El 25 de septiembre, un video de la osa Mina recorrió las redes. En las imágenes se veía al animal en un estado alarmante: con heridas visibles, la piel dañada, el pelaje caído y rodeada de moscas. La reacción no se hizo esperar. Activistas, ciudadanos y organizaciones comenzaron a exigir explicaciones inmediatas al gobierno estatal. La primera respuesta fue defensiva: Mariana Rodríguez, esposa del gobernador, aseguró que Mina estaba recibiendo atención médica, aunque aclaró que las decisiones sobre su futuro dependían de la Federación.
Sin embargo, el intento por calmar los ánimos no funcionó. La indignación creció al ritmo de los reclamos. Las imágenes mostraban lo que parecía un caso de abandono prolongado, y pronto se reveló que la osa Mina padecía leptospirosis, una infección bacteriana que, junto con problemas renales y hepáticos, la mantenía en estado crítico. El diagnóstico reforzó la percepción de negligencia dentro del zoológico.
Ante la presión pública, la Profepa intervino el 28 de septiembre y ordenó revisar las condiciones del recinto. Días más tarde, la dependencia federal trasladó a Mina a la Fundación Invictus, en Hidalgo, donde sería tratada por un equipo médico especializado, incluyendo un veterinario colombiano experto en medicina biorreguladora. El operativo, apoyado por la Guardia Nacional, fue presentado como un esfuerzo conjunto por rescatar al animal y garantizar su bienestar.
Una semana después, los reportes médicos mostraron los primeros signos de mejoría: Mina comenzó a alimentarse por sí misma, y su pelaje recuperaba brillo. Pero aunque la osa avanzaba, el escándalo apenas comenzaba.
La Pastora Cuestionada Y El Gobierno Estatal En Silencio
Mientras la atención mediática se concentraba en el traslado y recuperación de Mina, comenzaron a surgir nuevos señalamientos. Extrabajadores, activistas y visitantes frecuentes de La Pastora denunciaron que las malas condiciones no eran recientes. Había más animales en situaciones precarias, espacios inadecuados y falta de supervisión médica.
Uno de los casos más mencionados fue el del elefante Monty, un ejemplar de 19 años que vive completamente solo. Expertos en conservación explicaron que los elefantes son animales altamente sociales y que el aislamiento prolongado puede provocarles daños físicos y emocionales. Los colectivos exigieron que también se revisara su caso, lo que derivó en nuevas denuncias de maltrato animal y presión hacia las autoridades estatales.
La respuesta del gobierno estatal fue, una vez más, tardía. Mientras la Profepa realizaba inspecciones, Parque Fundidora —el organismo que administra el zoológico— intentó justificar su actuación y acusó al gobierno federal de “politizar” el asunto. El intercambio de declaraciones entre ambos niveles de gobierno solo aumentó el descontento ciudadano, pues mientras las instituciones discutían, los animales seguían sufriendo.
Con el paso de los días, el zoológico operó parcialmente. Algunas áreas fueron clausuradas y los visitantes se toparon con zonas acordonadas. Cuando Profepa levantó finalmente la clausura, el parque anunció un mes de entrada gratuita para recuperar su imagen ante la ciudadanía. Pero el gesto no convenció a nadie. El problema de fondo seguía sin resolverse y el gobierno estatal sigue sin aclarar la situación en la que se mantiene a los animales que quedan.
Denuncias Viejas De Maltrato Y Tráfico Animal
El caso de Mina también sacó a la luz un tema más antiguo que había pasado desapercibido. En 2022, durante la misma administración estatal, La Pastora transfirió 43 animales silvestres a un rancho privado dedicado a la cacería deportiva. La operación, valuada en más de 3.5 millones de pesos, fue presentada como una “donación” de ejemplares excedentes, aunque activistas aseguran que se trató de un uso indebido del patrimonio público por parte de Samuel García.
Entre los animales cedidos había búfalos de agua, gamos europeos y borregos muflón, muchos de ellos hembras reproductoras. De acuerdo con documentos filtrados, el traslado se hizo sin los permisos federales necesarios, lo que lo convierte en un acto ilegal. Para los colectivos, este episodio evidencia un patrón de opacidad y desinterés por parte del gobierno estatal respecto al manejo de fauna bajo su resguardo. Las denuncias de maltrato animal dejaron de centrarse solo en el estado físico de los animales para enfocarse también en la corrupción y la privatización de los recursos naturales del estado.
Mientras el gobierno guardaba silencio, las redes sociales amplificaban el enojo ciudadano. Miles de usuarios compartieron publicaciones, imágenes y videos pidiendo justicia para Mina y los demás ejemplares de La Pastora. La presión se transformó en un llamado más amplio: exigir una reforma integral del zoológico o incluso su cierre definitivo.
Exigen Transformar La Pastora En Un Refugio
Ante la pérdida de confianza ciudadana, distintas organizaciones y activistas propusieron transformar La Pastora en un santuario o refugio para animales rescatados. La idea es reconvertirlo en un espacio sin fines de lucro, enfocado en la rehabilitación y cuidado especializado de especies que ya no pueden reintegrarse a su hábitat natural.
La propuesta cuenta con el respaldo de parte de la sociedad civil y expertos en bienestar animal. Argumentan que el modelo actual de zoológico tradicional ya no responde a los estándares éticos ni técnicos del siglo XXI. “No se trata de cerrar por cerrar, sino de replantear la relación que tenemos con los animales bajo custodia estatal”, explicó una vocera de un colectivo local.
Sin embargo, hasta el momento, el gobierno estatal no ha presentado un plan concreto. Las medidas se han limitado a reabrir el parque y prometer mejoras, sin detallar presupuestos ni calendarios. Las denuncias de maltrato animal continúan acumulándose, y el nombre de La Pastora sigue asociado a negligencia, tráfico y abandono.
Una Oportunidad Para Corregir El Rumbo
El caso Mina no solo exhibió el descuido hacia una osa enferma. Expuso la falta de protocolos, la débil supervisión y la desconexión entre discurso y realidad. También recordó que la protección animal no es un tema menor ni pasajero: es una responsabilidad institucional que requiere transparencia, planeación y voluntad política.
Mina se recupera lentamente en Hidalgo, lejos de los reflectores y del olor a jaulas oxidadas. Su historia es, en muchos sentidos, la metáfora de lo que ocurre con el tema ambiental en Nuevo León: se actúa solo cuando el escándalo estalla. Pero esta vez, la presión ciudadana parece haber marcado un punto de inflexión.
Si algo dejó claro este episodio, es que los neoleoneses no están dispuestos a mirar hacia otro lado. Las denuncias de maltrato animal contra el gobierno estatal siguen creciendo, y con ellas, la exigencia de un cambio profundo. Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo la vida de una osa o de un elefante, sino el compromiso de una sociedad con la empatía, la ética y la rendición de cuentas de los gobernantes.
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