La asociación Reforestación Extrema enfrenta acusaciones por el manejo irregular de recursos durante la administración de Samuel García. Las investigaciones revelan sobrecostos de hasta 171 por ciento y la falta de árboles de la Alameda reportados. Este uso del dinero de Nuevo León permitió la compra de maquinaria privada, generando un esquema de opacidad que el gobierno estatal intenta justificar.
Reforestación Extrema Acumula Patrimonio Privado Con Recursos Públicos
La asociación civil Reforestación Extrema ha logrado consolidar un patrimonio millonario mediante un convenio con el gobierno estatal. A través de este acuerdo, la organización adquirió maquinaria y vehículos especializados con un valor superior a los 52 millones de pesos. Estas compras se realizaron utilizando fondos provenientes de las compensaciones ambientales que empresas privadas deben entregar para mitigar sus obras.
El recuento detallado de las facturas muestra la adquisición de trituradoras, retroexcavadoras y camiones de carga de alto costo. Sin embargo, estos activos no forman parte del inventario del Estado, sino que pertenecen legalmente a la asociación privada. El director de la organización, Cosijoopii Montero, confirmó que este equipo no será entregado al patrimonio público al finalizar los proyectos actuales.
A pesar de que el dinero de Nuevo León financió estas herramientas, la asociación alega que son recursos privados. Esta interpretación permite que la organización evite las reglas de adquisiciones y la rendición de cuentas obligatoria para los entes gubernamentales. Por consiguiente, el equipo permanece bajo el control absoluto de la asociación civil, operando fuera de los mecanismos tradicionales de fiscalización estatal.
Denuncian Sobrecostos Millonarios En Los Árboles De La Alameda
Una investigación reciente expuso que Reforestación Extrema pagó precios inflados por ejemplares que sí fueron recibidos en diversos proyectos urbanos. En el caso de los sabinos, la asociación reportó costos unitarios de 38 mil pesos por piezas de seis pulgadas. En contraste, el gobierno estatal anunció precios de solo 14 mil pesos por árboles de mayor tamaño en zonas similares de la ciudad.
Esta disparidad representa un sobrecosto del 171 por ciento que afecta directamente el alcance de los programas ambientales. Además, se detectaron irregularidades en la plantación de ébanos y alamillos suministrados por empresas que pertenecen a un solo grupo familiar. Estas compañías acapararon una tercera parte de los pagos totales realizados por la asociación durante el último año de gestión.
Incluso los servicios de instalación técnica muestran cifras significativamente superiores a los promedios del mercado regional. Mientras la Secretaría de Medio Ambiente reporta costos de 11 mil pesos por plantación, la asociación pagó hasta 37 mil pesos por árbol. Estos excedentes financieros sugieren una falta de rigor en la administración de los fondos entregados por particulares para la restauración del ecosistema local. Al final, estos árboles no existen.
Detectan Ausencia De Ejemplares Pagados Como Árboles De La Alameda
El escándalo también involucra la desaparición física de 147 árboles de gran tamaño que debieron ser colocados en el centro histórico. La organización reportó un gasto de 26.1 millones de pesos para comprar ejemplares de 15 pulgadas de diámetro para la Alameda. No obstante, un censo forestal independiente confirmó que en el sitio solo existen 11 árboles con esas medidas desde hace años.
La Secretaría de Medio Ambiente intentó justificar esta falta de ejemplares mediante un cambio repentino en los criterios de medición. La dependencia estatal afirmó que el diámetro debe tomarse en la base del tronco y no a la altura estándar internacional. Esta maniobra busca aparentar que los árboles pequeños cumplen con las dimensiones exigidas en los reportes de Reforestación Extrema.
Fotografías y reportes previos contradicen la versión oficial de las autoridades sobre la presencia de esta vegetación de gran porte. Los informes de la misma asociación civil establecen que la medición técnica debe realizarse siempre a una altura de 1.30 metros. Por lo tanto, los ejemplares pagados con recursos públicos siguen sin aparecer en las áreas verdes asignadas para su plantación.
Polémica Por Facturas Repetidas En Reportes De Reforestación Extrema
La transparencia del programa se vio comprometida al detectarse el uso recurrente de facturas idénticas en diferentes informes de gastos. Se documentó que la asociación presentó el mismo comprobante fiscal hasta doce veces para justificar movimientos de dinero ante el gobierno. Además, algunos de estos documentos habían sido cancelados ante el SAT pocos días después de su emisión original.
El gobierno estatal defendió estas prácticas asegurando que se trata de un procedimiento administrativo para pagos realizados en parcialidades. Sin embargo, los documentos presentados no cuentan con el efecto fiscal de pago, sino que aparecen registrados como ingresos totales percibidos. Esta inconsistencia técnica impide verificar si el dinero de Nuevo León fue utilizado realmente para los fines ambientales descritos en los reportes.
La Secretaría tampoco pudo explicar la validez de una factura por 3.5 millones de pesos que aparece en el sistema a pesar de su cancelación. Estas omisiones en la vigilancia estatal refuerzan las críticas sobre la falta de control en el convenio con la organización privada. Los ciudadanos exigen ahora una auditoría externa que aclare el manejo de los 362 millones de pesos administrados por la asociación.
Exigen Transparencia Ante Fraude De Samuel García
El esquema de colaboración entre el Estado y la organización privada ha sido calificado como un mecanismo para evadir la fiscalización. Al depositar los recursos directamente en cuentas de Reforestación Extrema, el dinero de Nuevo León no ingresa a la Tesorería estatal. Esto permite que la administración actual delegue responsabilidades públicas en un ente que no está sujeto a las leyes de transparencia ciudadana.
Los opositores señalan que este modelo facilita el fraude de Samuel García al ocultar el destino final de las compensaciones ambientales millonarias. La acumulación de maquinaria privada y los sobrecostos en los árboles de la Alameda son vistos como una transferencia de riqueza pública hacia intereses particulares. Mientras tanto, las áreas verdes del estado no muestran la mejoría proporcional al gasto masivo reportado por las autoridades.
Finalmente, la falta de una postura clara por parte de los directivos de la asociación aumenta la desconfianza de la población. Hasta el momento, solo la dependencia estatal ha emitido comunicados que no resuelven las dudas sobre las facturas repetidas y los árboles desaparecidos. La presión social continúa creciendo para que se recuperen los bienes adquiridos y se castigue cualquier irregularidad en el manejo del presupuesto ambiental.
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