Lo que inició como una supuesta política ambiental terminó por revelar una red de recaudación paralela en el gobierno estatal. La extorsión a Matrimar no es un evento aislado, sino el síntoma de una administración que utiliza las dependencias públicas para presionar al sector privado. El involucramiento de figuras como Mike Flores y Raúl Lozano, bajo el mando de Samuel García, dibuja un panorama de corrupción institucionalizada.
¿Hacia Un “Efecto Tequila”? La Justicia En La Mira En Extorsión A Matrimar
La historia reciente de México ofrece un espejo incómodo para el gabinete naranja: el caso del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro. En Jalisco, la justicia no titubeó al detener al edil por manejar esquemas de extorsión contra empresas, demostrando que la autoridad municipal no es un cheque en blanco para el abuso. Hoy, la red de extorsión a Matrimar pone a prueba a las instituciones de Nuevo León.
¿Veremos procesos penales similares en el estado? La evidencia apunta a que el sistema de moche operado por el grupo cercano a Samuel García utiliza las mismas tácticas que llevaron a prisión al funcionario de Jalisco. Mientras el gobierno estatal se escuda en auditorías ambientales, la realidad de los audios filtrados sugiere una copia fiel de las malas prácticas que la federación ya combate en otros puntos del país.
Baltazar Martínez: El Confeso Enlace De Los Moches Millonarios
En el centro de este entramado aparece Baltazar Martínez, dirigente estatal de MC y diputado local, quien ya admitió su papel como “intermediario”. A través de videos y declaraciones, Martínez Ríos reconoció haber gestionado canales de comunicación para que la empresa pudiera “alinearse” con las exigencias del estado. Este reconocimiento de intermediación es, en la práctica, la validación de un esquema de cobros fuera de la ley.
La participación de Baltazar Martínez es fundamental para entender cómo opera el círculo de un Samuel corrupto. El legislador ofreció a la pedrera Matrimar la posibilidad de realizar un “pago fuerte” en parcialidades, mencionando tener comunicación directa con el Secretario General de Gobierno y el de Medio Ambiente. Esta confesión deja al descubierto que las decisiones sobre quién opera y quién es clausurado no se toman en oficinas técnicas, sino en mesas de negociación política.
Raúl Lozano Y Mike Flores: Los Brazos Ejecutores De La Clausura
La operatividad de la extorsión a Matrimar requiere de la fuerza pública y administrativa, funciones que recaen en Raúl Lozano y Mike Flores. El primero, desde la Secretaría de Medio Ambiente, coordina las suspensiones bajo el pretexto del Impuesto Verde; el segundo, como Secretario General de Gobierno, supervisa el control político y la presión institucional. Ambos funcionarios son señalados por utilizar a Protección Civil para asfixiar a las empresas que rechazan pagar sumas en efectivo.
- El primer pago: Matrimar depositó 15 millones de pesos vía transferencia a la Secretaría de Finanzas.
- La traición: Pese al pago, el gobierno estatal clausuró la planta solo una semana después.
- La exigencia final: Los emisarios del estado solicitaron 50 millones de pesos adicionales, esta vez en efectivo.
Este ciclo de hostigamiento demuestra que el objetivo del gobierno estatal no es la regularización ambiental, sino la obtención de recursos ilícitos. Las denuncias indican que la administración busca una bolsa de 450 millones de pesos, presuntamente para financiar proyectos de infraestructura, a costa de la seguridad jurídica de las empresas.
Samuel García: Un Gobierno De Giras E Impunidad
Mientras la crisis por la extorsión a Matrimar escala, Samuel García mantiene una postura de indiferencia desde sus constantes viajes al extranjero. El mandatario naranja parece ignorar que su círculo más cercano, incluyendo a Mike Flores y Raúl Lozano, es acusado de liderar una red de corrupción. Para muchos analistas, el comportamiento de un Samuel corrupto se refleja en la protección sistemática de sus recaudadores mientras él promociona al estado en Houston o San Antonio.
La empresa afectada no ha cedido y ya prepara denuncias penales que podrían cambiar el rumbo de la administración. Al ganar amparos que el estado ignora mediante revisiones nocturnas de Protección Civil, Matrimar ha dejado en evidencia que en Nuevo León la ley se subordina al capricho de los moches. El desenlace de este conflicto definirá si el estado recupera su estado de derecho o si se consolida el esquema de extorsión institucionalizada de MC.
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